Un Café Por la Seguridad Vial con Mario Silva

Es el director del Imeplan Guadalajara y asegura que en Jalisco, las decisiones metropolitanas se toman entre funcionarios de tres niveles y ciudadanos. ¿Cómo se ponen de acuerdo?

Por Georgina Hidalgo Vivas

¿Dónde termina y comienza una ciudad? El debate no es ocioso, hay que saber a quién le toca recoger la basura, poner luces, pavimentar, gobernar, etc.

Hace tan solo 15 años, Guadalaja tenía unos cientos de miles de habitantes y hoy, con su millón y medio de almas y un Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) de más de cinco millones, la Perla Tapatía es un laboratorio de innovación en la gestión de las ciudades de México.

Lo dice muy orgulloso Mario Silva, el director del Instituto Metropolitano de Planeación Imeplan, en la charla de todos los viernes 'Un café por la seguridad vial' de la Coalición de Movilidad Segura. Sus 15 años como activista, académico y consultor de políticas públicas de movilidad sustentable en la entidad lo han curtido en las finas artes de la "diplomacia metropolitana" ahora que es funcionario.

"El Imeplan es un ente técnico, una "mesa de seis patas" y esa sexta pata es la Junta de Coordinación Metropolitana en la que se toman decisiones por unanimidad con el gobernador de Jalisco, los 9 alcaldes y alcaldesas, y recientemente incluimos a la Sedatu, al Consejo Ciudadano Metropolitano (formado por 2 habitantes de cada municipio con voz y voto) y a los legisladores de Jalisco. Es un caso único en la República Méxicana".

Para Silva, el Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano – que está en la Constitución del estado desde el 2007 para contener el desordenado crecimiento de la ciudad– es el instrumento secreto para que avance el elefante blanco. 

"En Guadalajara las decisiones se toman por unanimidad en la Junta de Coordinación Metropolitana. Ahí se decidió que el proyecto del MacroPeriférico tuviera ciclovía y hasta banquetas, porque ni siquiera las tenía. Ahí se aprueban los Planes de Desarrollo Metropolitano que tratan de contener el crecimiento desordenado de la metrópoli. Ahí también se analizan los programas pilotos para bicis y scooters de anclaje y se coordinan las mesas de gestión. Tenemos 16 mesas actualmente desde las que se coordina a 1,300 funcionarios de los dos niveles de gobierno".

Se dice fácil

Para decir  “se reúnen” requiere de trabajo a 3 escalas: 1) Generación de datos e información (como una Encuesta EOD del transporte de carga para ponerles límites de circulación). 2) Instrumentos para tomas decisiones que pueden ser de planeación o gestión y tercero. 3) Mecanismos para tomar decisiones. Pero sobre todo:

"Cualquier mecanismo de coordinación metropolitana se tiene que construir con la gente, porque te exige y demanda que resuelvas sus problemas independientemente de qué partido eres. Por eso deben seguir existiendo lo espacios no formales o no institucionales de participación ciudadana para que exista la presión social de actuar y conciliar".

Según Silva, el Imeplan "es como una telefonista que conecta las llamadas", no es una instancia que construye ciclovías pero tiene que trabajar para que las instituciones que las deben hacer no abandonen la agenda ciclista, dijo.

"Me exigen que sea supramunicipal y que hasta sea una Procuraduría de Desarrollo Urbano, que ya existe, pero si seguimos utilizando de pretexto el art 115 constitucional aludiendo a una autonomía municipal –que es necesaria, pero son fronteras que nos hemos construido–  no habrá coordinación ni federalismo. No es posible que de 74 zonas metropolitanas solo en una exista este mecanismo de toma de decisiones transversal y participativo. Parece que se requiere una suerte de diplomacia metropolitana para avanzar".

Caso único de "concurrencia"

En La Perla Tapatía hay una dinámica de crecimiento desmesurado con 35 años de retraso acumulado y magnificado. El Censo de 2020 descubrió que tiene 95 mil habitantes menos de los que se consideraban en los planes y la mayoría de sus instrumentos de planeación se impugnaron hasta 2020 ¿Cómo regular la expansión de la mancha urbana si la obligación de los funcionarios depende de su voluntad política y no de una ley?

"El error es pensar que con acuerdos de buena voluntad se avanzará, tiene que haber una reforma constitucional y la sesión de soberanía municipal en esos casos", dijo.

Silva considera que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial –la primera que tendrá el país para garantizar el recién adquirido derecho a la movilidad segura–  "nos va alinear".

"Que sea de carácter general hace una enorme diferencia porque se acabó la discusión de la autonomía municipal que no dejaba coordinarse, ahora será obligatorio coordinarse, se ordenarán procesos y conceptos, se establecerán mecanismos de acción y obligaciones a nivel estatal". 

Finalmente, pidió a los senadores de la Comisión de Zonas Metropolitanas que la dictaminan actualmente verla con sentido humano porque "No podemos perder de vista que las muertes viales son un problema de salud pública, tengamos una ley de Movilidad Segura que sea clara, ponga orden genere incentivos y una armonización de procesos".

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